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Historia del Virreinato de Nueva España


El Virreinato de Nueva España fue uno de los cuatro virreinatos en que se dividía administrativamente la América colonial española. Fue el primero en fundarse, en 1535; incluyó todas las posesiones españolas al norte del istmo de Panamá, las islas del Caribe y las Filipinas. El Virreinato de Nueva España desapareció oficialmente en 1821, con la independencia de los territorios que formaban parte de dicha entidad político-administrativa.

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Fundación del Virreinato

Antes de la creación del Virreinato, la Audiencia de México fue la máxima autoridad en el territorio denominado Nueva España, subordinada al Consejo de Indias y al propio monarca español. La audiencia, integrada por oidores, era un órgano que aunaba el poder político y administrativo, a la vez que ejercía como tribunal superior de justicia para dirimir tanto asuntos civiles como criminales. La audiencia no incluía competencias militares, ya que estas funciones correspondían al capitán general; ni asuntos relativos al fisco, que estaban encargados a los oficiales reales. Junto a la Audiencia de México, se creó la de Nueva Galicia, con sede en la ciudad de Guadalajara, subordinada a la anterior.

Los problemas administrativos en este inmenso territorio, según avanzó la conquista y colonización del territorio, hicieron necesaria la creación del Virreinato. Así, en 1535 el rey Carlos I firmó el decreto para la instauración del Virreinato de Nueva España, con capital en la ciudad de México. El origen de la entidad hay que buscarlo en la institución veneciana, utilizada también por portugueses y aragoneses, éstos últimos en Cerdeña, Sicilia y Nápoles. El éxito del sistema explica su extensión al resto del territorio americano, con la creación del Virreinato del Perú y, a partir del siglo XVIII, del de Nueva Granada y del Río de la Plata.

El virrey de Nueva España, como el resto de los virreyes en América, debía ejercer como alter ego del monarca, al que debía rendir cuentas directamente. Además de ser el máximo jefe militar, el virrey era el instrumento para reforzar el poder real ante los enormes conflictos que habían surgido entre los conquistadores y la incapacidad de gobernadores y audiencias para asegurar el poder de la Corona. Así, debía evitar conflictos de competencias entre oficiales con similares rangos y parecidas responsabilidades, y erradicar los abusos de los conquistadores (entre ellos, los derivados del desarrollo del sistema de encomiendas) y el fraude de los funcionarios. Las ordenanzas por las que se nombraba al virrey le hacían responsable de recolectar impuestos, asegurar el monopolio comercial de la corona y apoyar las labores de evangelización de los indios.

Al crearse el Virreinato en 1535, la Audiencia de México mantuvo sus funciones políticas, administrativas y jurídicas, si bien asumía un papel auxiliar en el gobierno del virrey ya que éste, a su vez, presidía la audiencia. Sólo en caso de emergencia (la más obvia era la muerte del virrey durante el ejercicio de su cargo), se permitía que la audiencia tomara las riendas del gobierno hasta que el monarca nombrara a otro funcionario para dicho cargo. Conviene mencionar que, tras la instauración del virreinato, el virrey asumía el papel del capitán general, por lo que era jefe supremo en los asuntos militares. El virrey contaba con poderes casi absolutos en todas las áreas (con amplias prerrogativas en temas religiosos, ya que ejercía en nombre del rey las funciones asociadas al Regio Patronato), pero no dictaba justicia. Del virrey dependían una multitud de empleados y autoridades subalternas por medio de las cuales gobernaba el enorme territorio bajo su mando. De esas autoridades, las más importantes fueron los alcaldes mayores y los corregidores, que residían en las principales ciudades de provincia.

El nombre del virreinato crea frecuentes confusiones, ya que el Consejo de Indias dio a esta unidad político-administrativa el mismo nombre que a la Audiencia de Nueva España, en el territorio bautizado así por Hernán Cortés. El Virreinato en 1535 en realidad integraba todos los territorios que administraban las audiencias de Nueva España, Nueva Galicia, Santo Domingo y Guatemala. La Audiencia de Nueva España (o Audiencia de México) abarcaba Michoacán, México, Coatzacoalcos, Mixteca, Yucatán, Cozumen y Tabasco, y la costa del Golfo de México hasta Florida (península que quedó integrada más tarde en la gobernación de Cuba); la Audiencia de Guatemala administraba justicia en el resto del territorio centroamericano; la Audiencia de Guadalajara asumió el control de Nueva Galicia, Culiacán, Copalá, Colima y Zacatula; y, por último, la Audiencia de Santo Domingo mantenía jurisdicción sobre las islas del Caribe y parte de la costa de la actual Venezuela. Más tarde, en 1565, se incorporó al Vierreinato de Nueva España el Archipiélago de las Filipinas.

El instrumento de control que el rey y el Consejo de Indias idearon para el control de la labor de los virreyes fue la Visita. Los visitadores generales se encargaban de controlar a los virreyes y otros funcionarios reales. Su labor consistía en inspeccionar y revisar la conducta de las autoridades, virrey incluido, e imponer suspensiones y penas, en caso necesario. Por otro lado, la ley contemplaba que los altos funcionarios pudieran ser sometidos a los llamados Juicios de Residencia, un proceso que consistía en una investigación pública acerca del modo en que un empleado o un funcionario había desempeñado su cargo, particularmente acerca del manejo de la hacienda.

Consolidación del Virreinato

Como ya se ha indicado, a partir de mediados del siglo XVI, el Virreinato de Nueva España incluía legalmente los territorios actuales de México, América Central, sureste de los Estados Unidos, las Antillas y las Islas Filipinas. El gobierno del virrey en dicho territorio era en muchos casos más téorico que práctico, por lo que prácticamente ejercía como gobernador de los territorios que englobaban las audiencias con sede en la ciudad de México y Guadalajara, que comprendían el Reino de Nueva España, el Nuevo Reino de León, el reino de Nueva Galicia (norte y este de México), Nuevo Santander (Tamaulipas y y sureste de Texas), la provincia de Texas o Nueva Filipinas, la provincia de Coahuila, la provincia de Nueva Vizcaya, la provincia de Nuevo México, la provincia de Sonora y Sinaloa, y la provincia de California. Aun así, su autoridad era directa sólo en el territorio comprendido entre San Luis de Potosí, Zacatecas y Culiacán, y el Itsmo de Tehuantepec, es decir, el centro y el sur de México. El resto de las gobernaciones y las audiencias de este inmenso territorio estaban subordinadas a la autoridad del virrey y a la audiencia de Nueva España, pero en la práctica estas unidades político-administrativas de rango inferior se gobernaban con independencia.

La compartimentación del virreinato comenzó pronto. En 1543 se creó la Audiencia de Santiago de Guatemala, donde se estableció el reino de Guatemala, que a partir de 1570 abarcaba desde Chiapas a Costa Rica. Esta audiencia estaba regida por un gobernador y capitán general y presidente de la audiencia (es decir, acaparaba poderes jurídicos, administrativos y militares). El Reino de Guatemala se administró independientemente casi desde el comienzo del virreinato, aunque siempre se mantuvo subordinado al Virreinato de Nueva España. El proceso de división del virreinato en reinos menores respondió a la necesidad de crear unidades administrativas y militares en las zonas donde existía una significativa vulnerabilidad por una posible intervención extranjera. La solución práctica consistió en crear capitanías generales donde el virrey mantenía un poder nominal, pero donde el gobernador y capitán general de la circunscripción asumía de hecho los poderes del virrey. Con este sentido se creó en 1548 la Capitanía General de Nueva Galicia y, tras la conquista de Filipinas en 1565, este archipiélago, dependiente de Nueva España, se mantuvo bajo el gobierno del capitán general de Manila, que seguía órdenes directas del Consejo de Indias. El proceso de erosión de poderes por compartimentación administrativa del territorio continuó con la decisión tomada en 1576 de crear la Capitanía General de Venezuela, que abarcaba las Islas del Caribe y parte de la costa de Sudamérica.

Reorganización y fin del Virreinato

La organización del virreinato se mantuvo hasta el último cuarto del siglo XVIII, cuando la política borbónica iniciada a raíz de la visita de José de Gálvez a Nueva España dio curso a una remodelación del sistema de gobierno en los territorios españoles en América. Muchas de estas reformas respondieron a un interés militar. Cuatro fueron las capitanías generales enmarcadas en el Virreinato de Nueva España: las de Guatemala, Venezuela, Cuba y Manila. La primera reforma significativa fue la asignación de la Capitanía General de Venezuela en 1773 al Virreinato de Nueva Granada. Más importante fue, sin embargo, la creación de las Provincias Internas, fundadas por decreto de 1776 con el rango de comandancia general, ya que la creación de las provincias supuso una separación de estos territorios de la jurisdicción del virrey. La decisión de establecer esta nueva unidad respondió claramente a los cambios producidos tras el fin de la Guerra de los Siete Años, y a los cambios subsiguientes producidos en la distribición territorial en América. Así, el primer comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, asumió el poder en las provincias de Texas, Nuevo México, Coahuila, Nueva Vizcaya, Sinaloa, Sonora y las dos Californias. Más tarde, éstas se organizaron en dos entidades: las Provincias Interiores de Oriente y las de Occidente. Las de Oriente abarcaban Nuevo León, Santander, Coahuila y Texas; las de Occidente, por su parte, comprendían Durango, Arizpe y las dos Californias. Un año más tarde, en 1777, se creó la Capitanía General de Cuba, a la que se asignaron los territorios cedidos por Francia en el Tratado de París (1763), esto es, la sección occidental de los territorios de la provincia francesa de Luisiana.

La otra gran decisión en la política reformista durante el gobierno de Carlos III fue sin duda la instauración del sistema de intendencias, introducidas en Nueva España en 1786 tras haberse ensayado con éxito en el resto de los virreinatos desde 1782. Los decretos reales crearon doce de estas jurisdiciones, al frente de las cuales se colocó un gobernador intendente. Estos intendentes concentraron las funciones políticas, judiciales y militares de los antiguos gobernadores, corregidores y alcaldes mayores, y además les fueron encomendadas funciones financieras y económicas. Las intendencias de Nueva España fueron las siguientes: México (con rango de superintendencia), Puebla de los Ángeles, Veracruz, Mérida de Yucatán, Antequera de Oaxaca, Valladolid (Michoacán), Santa Fe de Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Arizpe (que comprendía Durango y Sinaloa). Por otra parte, las mismas Ordenanzas de Intendentes crearon un gobierno separado para San Salvador, Chiapas, Honduras y Nicaragua (que incluía a la actual Costa Rica).

La reforma administrativa introducida en 1786 con la instauración del sistema de intendencias modificó la organización del Virreinato, a la vez que recortaba enormemente el poder de los virreyes. El sistema no se modificó en lo sustancial hasta que desapareció el Virreinato en 1821, cuando España, a través del último virrey, Juan O’Donojú, aceptó la independencia de México y de la República Centroamericana.

Virreyes

Entre los 62 virreyes que ejercieron dicho cargo en Nueva España, once fueron clérigos y de ellos ocho fueron arzobispos, por lo que concentraron la máxima autoridad civil, militar y religiosa. El puesto de primer virrey en América fue ofrecido a Antonio de Mendoza, caballero de la Orden de Santiago y antiguo embajador en Roma, tras haberlo rechazado diversos miembros de la nobleza, entre ellos el Conde de Oropesa y Manuel Benavides. Mendoza llegó a México en 1535. Fue por tanto él quien puso las bases del sistema virreinal en América y el que tuvo que hacer frente a los problemas surgidos entre las diversas facciones de los conquistadores. En efecto, su nombramiento se debió en parte a los problemas que se experimentaron durante las dos primeras audiencias (la primera, presidida por Nuño de Guzmán, y la segunda, de la que formaban parte el obispo Fuenleal y Vasco de Quiroga), órganos supremos de gobierno en el territorio tras la conquista de Cortés. El virrey Mendoza, durante sus 15 años de servicio en Nueva España, logró contrarrestar el poder de Cortés, que detentaba el título de capitán general, y de personajes como Nuño de Guzmán, que había pasado a ocupar el cargo de gobernador de Nueva Galicia. El primer virrey, antes de marchar a Perú para hacerse cargo del puesto en América del Sur, se encargó de construir iglesias y hospitales, y de fomentar las expediciones hacia las fronteras del virreinato. Su gran reto fue, sin embargo, la aplicación de las Leyes Nuevas (1542), dictadas para acabar con los abusos sobre los nativos, perpetuados a través del sistema de encomienda.

En 1551, tras la marcha de Mendoza a Perú, se hizo cargo del virreinato Luis de Velasco, padre de otro destacado virrey de Nueva España y Perú. Luis de Velasco padre se esforzó por aplicar con más rigor las Leyes Nuevas y mitigar los abusos a los indígenas. Velasco, de rancia familia castellana, también destacó por el desarrollo de la cultura. Así, el gran hito durante su mandato fue la fundación en 1553 de la Universidad de México. Por otra parte, en 1565 las islas Filipinas, reclamadas un año antes por Legazpi, pasaron a formar parte del Virreinato de Nueva España. El intenso comercio que más tarde se inició entre Acapulco y Manila conectó México con Filipinas, a pesar de que las islas se gobernaban independientemente como capitanía general.

Martín Enríquez, que gobernó entre 1568 y 1580, destacó por su labor durante los conflictivos años del comienzo de la decadencia española. Así, este virrey logró rechazar el ataque de los ingleses a Veracruz, comandados por Jonh Hawkins, e inició inmediatamente las obras para reforzar las defensas de las posesiones españolas. Asimismo, se preocupó por fortalecer los fuertes del norte (con expediciones como la de Francisco de Ibarra, que partió de Nueva Vizcaya y llegó hasta los territorios de Sonora y Saltillo) y modificó el gobierno local para que los criollos tuvieran acceso a cargos públicos. Las expediciones de expansión del virreinato a finales del siglo XVI fueron impulsadas por otros virreyes, entre ellos Luis de Velasco hijo (quien gobernó también en Perú y regresó a Nueva España para retomar el mando del Virreinato) y Gaspar de Zúñiga. Con ello se llegó a consolidar el asentamiento californiano de Monterrey (nombre que tomó en honor de Zúñiga, Conde de Monterrey). Asimismo, estos virreyes impulsaron el desarrollo económico del virreinato a través de la promoción de la industria de la lana, y se preocuparon por el desarrollo de la ciudad de México, capital virreinal.

A mediados del siglo XVII destaca el gobierno de Juan Palafox, obispo de Puebla, quien entre 1640 y 1642 asumió los cargos de Virrey y Arzobispo de México como consecuencia del juicio de residencia al que fue sometido el Duque de Escalona, virrey de Nueva España. Tras destituir a Escalona, el juez-visitador Palafox inició una serie de reformas para acabar con la corrupción imperante. Tras el nombramiento del Conde de Salvatierra como nuevo virrey, Palafox regresó a Puebla, donde encontró serios problemas con los jesuitas, que trataron de defender sus privilegios. Palafox regresó finalmente a España, donde fue nombrado para ocupar la dirección de un obispado. A finales del siglo XVII destaca el virrey Gaspar de la Cerda Sandoval, Conde de Gelves, quien organizó la expedición por la costa de Texas para expulsar a los franceses que buscaban asentarse en este territorio y organizó, en 1690, la campaña para la reconquista de Santo Domingo por medio de la Armada mexicana de Barlovento.

Antonio de Bucareli y Ursúa, nombrado por Carlos III, gobernó con notable éxito en Nueva España entre 1771 y 1779. A él se le reconoce una administración eficaz y honrada, con especial impacto en la capital de esta circunscripción. Frey Antonio de Bucareli fundó un Hospicio de Pobres, el Hospital de Dementes, el Montepío y el Tribunal de Minería. Asimismo, durante su mandato se preocupó por mejorar las defensas, y mandó construir, por ejemplo, el Castillo de San Diego de Acapulco.

Durante el gobierno del virrey Martín de Mayorga, se participó activamente en contra de Gran Bretaña, tanto en Belice como en Panzacola, para apoyar así el proceso de independencia de los Estados Unidos. Más tarde, durante el gobierno de Bernardo de Gálvez (1785-87) se instauró el sistema de intendencias diseñado por su hermano, José de Gálvez, a la vez que se fomentaron las expediciones hacia la frontera norte para afianzar las posiciones españolas en Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Ya en los últimos años de dominio español en Nueva España destacó el Conde de Revillagigedo, que gobernó entre 1789 y 1794. Hijo de otro virrey de esta misma demarcación, el conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes, tuvo el mérito de ser uno de los cuatro criollos que ocupó el cargo de alter ego del rey en un virreinato americano. Fue el encargado de gobernar en los tumultuosos años que siguieron a la Revolución Francesa. Su gobierno se destacó por las reformas administrativas, el mejoramiento del sistema judicial, la regularización de las finanzas, y el ímpetu que se dio a la agricultura, la minería, la educación y las artes. Asimismo, Revillagigedo consolidó el poder español en la costa de California y recomendó las expediciones hacia la costa de Alaska. También se preocupó por el mejoramiento de la capital del virreinato y proyectó grandes obras de ingeniería, como la construcción del canal del Lago de Texcoco. Pese a su impresionante labor, fue sustituido tras ser acusado de corrupción. Dicha acusación (que más tarde se probó injusta) fue motivada por el deseo de Manuel Godoy de instalar en el puesto a su cuñado, el Marqués de Branciforte.

Durante el último periodo del virreinato de Nueva España destaca el nombramiento del General Calleja, Conde de Calderón, que ocupó el cargo de virrey en 1813, mientras las tropas francesas desocupaban la Península Ibérica. El gobierno de Calleja trató infructuosamente de recuperar el control de un país abocado inexorablemente a la independencia. La captura, juicio y ejecución de Morelos, firmada por Calleja en 1815, marcó el principio de la desintegración final del virreinato. Tras Calleja, el monarca nombró a tres virreyes, el último de los cuales, Juan O’Donojú, nombrado por los constitucionalistas españoles, llegó a México el 3 de agosto de 1821; tres semanas más tarde O’Donojú firmó con Itúrbide los Tratados de Córdoba, que pusieron fin al Virreinato de Nueva España y al dominio español en gran parte del territorio que formaba parte de esta vasta unidad político-administrativa.

Lista de virreyes de Nueva España

Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla (1535-1552).
Luis de Velasco, “el Viejo” (1551-1566).
Gastón de Peralta, Marqués de Falces (1566-1568).
Martín Enríquez de Almansa (1568-1580).
Lorenzo Suárez de Mendoza, Conde de La Coruña (1580-1584).
Pedro Moya de Contreras, Arzobispo de México (1584-1585).
Álvaro Manrique de Zúñiga, Marqués de Villamanrique (1585-1590).
Luis de Velasco, Conde de Santiago y Marqués de Salinas (1590-1595).
Gaspar de Zúñiga y Acebedo, Conde de Monterrey (1595-1603).
Juan Manuel Hurtado de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros (1603-1607).
Luis de Velasco, Conde de Santiago y Marqués de Salinas (1607-1611).
García Guerra, Arzobispo (1611-1612).
Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar (1612-1621).
Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Conde de Priego y Marqués de Gelves (1621-1624).
Rodrigo Pacheco y Ossorio, Marqués de Cerralvo (1624-1635).
Lope Díaz de Armendáriz, Marqués de Cadereita (1635-1640).
Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla, Duque de Escalona y Marqués de Villena (1640-1642).
Juan de Palafox y Mendoza, Arzobispo de México (1640-1642).
García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra y Marqués de Sabroso (1642-1648).
Marcos de Torres y Rueda, Obispo de Yucatán (1648-1650).
Luis Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste y Marqués de Villaflor (1650-1653).
Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque (1653-1660).
Juan de Leyva y de la Cerda, Conde de Baños (1660-1664).
Diego Osorio de Escobar y Lamas, Arzobispo de México (1664).
Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar, Marqués de Mancera (1664-1673).
Pedro Nuño Colón de Portugal, Duque de Veraguas y de la Vega y Marqués de Jamaica (1673).
Payo Enríquez de Ribera, Arzobispo de México (1673-1680).
Tomás Antonio de la Cerda, Marqués de la Laguna (1680-1686).
Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, Conde de Monclova (1686-1688).
Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, Conde de Galve (1688-1696).
Juan Ortega Montañés, Obispo de Michoacán (1696-1697).
José Sarmiento Valladares, Conde de Moctezuma (1697-1701).
Juan Ortega Montañés, Obispo de Michoacán (1701-1702).
Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque (1702-1711).
Fernando de Alencastre Noroña y Silva, Duque de Linares (1711-1716).
Baltasar de Zúñiga, Marqués de Valero (1716-1722).
Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte (1722-1734).
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, Arzobispo de México (1734-1740).
Pedro de Castro y Figueroa Salazar, Duque de la Conquista (1740-1742).
Pedro Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara (1742-1746).
Francisco de Güemes y Horcasitas, Conde de Revillagigedo (1746-1755).
Agustín de Ahumada y Villalón, Marqués de las Amarillas (1755-1760).
Francisco Cajigal de la Vega (1760).
Joaquín de Monserrat, Marqués de Cruilles (1760-1766).
Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix (1766-1771).
Antonio María de Bucareli y Ursúa (1771-1779).
Martín de Mayorga (1779-1783).
Matías de Gálvez (1783-1785).
Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez (1785-1787).
Alonso Núñez de Haro, Arzobispo de México (1787).
Manuel Antonio Flórez (1787-1789).
Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, Conde de Revillagigedo (1789-1794).
Miguel de la Grúa Talamanca, Marqués de Branciforte (1794-1798).
Miguel José de Azanza (1798-1800).
Félix Berenguer (1800-1803).
José de Iturrigaray (1803-1808).
Pedro Garibay (1808-1809).
Francisco Javier de Lizana (1809-1810).
Francisco Javier Venegas (1810-1813).
Félix María Calleja (1813-1816).
Juan Ruiz de Apodaca (1816-1821).
Pedro Novella (1821).
Juan O’Donojú (1821).

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