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La Evolución Histórica del Franquismo 1939-1959


El franquismo es más una denominación temporal y funcional que ideológica. Por una parte, designa el período de la historia de España bajo el gobierno directo del general Franco (1939-1975), larga etapa a la que le confiere unidad la personalidad y el fuerte ejercicio del poder de Franco. Al mismo tiempo, designa los medios operativos del gobierno y la administración, cuyo principal eje de dirección fue el sostenimiento del régimen y la defensa de intereses comprometidos y, posteriormente, beneficiados por el régimen salido de la contienda civil.

El largo período franquista puede dividirse en cuatro etapas bien diferenciadas en cuanto a la base ideológica sustentada, la institucionalización del régimen, los planteamientos económicos y la evolución de la sociedad española.

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La creación del nuevo estado (1936-1945)

El 29 de septiembre de 1936 Franco consiguió la reunión de la dirección política y militar del movimiento sublevado al ser designado Jefe del Gobierno y Generalísimo de los Ejércitos. Inmediatamente, reunió en Salamanca una Junta Técnica del Estado que inició el desarrollo de la administración civil del nuevo ente nacional. En febrero de 1938 se llevó a cabo en Burgos la constitución formal del Consejo de Ministros y Franco se irrogó el cargo de Jefe del Estado, lo que significaba la definitiva legitimación de su jefatura suprema. La labor llevada a cabo se centró en el desarrollo de la guerra y, al mismo tiempo, la dinámica bélica influyó decisivamente en la conformación del nuevo estado.

La identificación del bando nacionalista con las potencias del Eje (de las que recibió abundante ayuda en hombres y, sobre todo, en armas) fue reforzando la identidad del nuevo redimen con el totalitarismo fascista, hecho que alcanzó la institucionalización con la creación del partido único y el dictado de una legislación que fundamentaba la existencia del régimen en el derecho de conquista. Durante buena parte de los años cuarenta esa identificación fascista no dejó de ser cuestionada, incluso, desde dentro del propio seno del régimen; sólo tras superar el gran obstáculo que supuso la derrota de las potencias totalitarias puede decirse que acabó conformándose sobre una base estable lo que acabó siendo el régimen franquista.

Finalizada la Guerra Civil, el régimen surgido de ella comenzó a cimentar sus bases institucionales. En 1939 fueron decretados los Estatutos de Falange, el partido único que sirvió de plataforma política del franquismo; tres años después se creo el Consejo Nacional de Falange, órgano de representación de las familias del régimen. En 1942 fueron creadas las Cortes Españolas, parlamento cuyo nivel de representatividad popular estaba acorde con su escaso papel legislativo. Sin embargo, la principal causa de debate en la política interior era el propio futuro del régimen: falangistas originales, militares menos simpatizantes del totalitarismo fascista y monárquicos deseosos del rápido retorno de la dinastía tradicional presionaron para conseguir una definición del régimen acorde a sus presupuestos ideológicos. Sin embargo, ninguno de estos tres sectores tenía la suficiente fuerza para decidir por sí mismo en contra de la voluntad de Franco, quien, en sus disposiciones oficiales, se hacia sólo “responsable ante Dios y la Historia”.

El estallido de la II Guerra Mundial meses después del término de la contienda civil española abrió grandes esperanzas en amplios sectores franquistas, especialmente aquellos que esperaban la entrada de España en la guerra del lado germano. La tentación intervencionista apenas pudo ser disimulada con la declaración de neutralidad y, tras las victorias del Eje en el verano de 1940, se iniciaron conversaciones para la definitiva entrada de España en la guerra del lado germano-italiano. De los cambios de gobierno de 1939 y 1940 salió reforzada la figura de Serrano Súñer, yerno de Franco, ministro de Asuntos Exteriores, líder de Falange y principal defensor de una identificación del régimen con el modelo facista italiano. La política de Serrano Súñer, respaldada por Franco, incidía en la alineación bélica de España con el Eje, lo que permitiría materializar las reivindicaciones territoriales sobre la zona del Magreb, la recuperación de Gibraltar y grandes ayudas económicas para aliviar la grave situación de la economía española tras tres años de guerra civil. Esas pretensiones fueron expuestas en las entrevistas de Franco con Hitler en Hendaya (octubre de 1940) y con Mussolini en Bordighera (febrero de 1941). La imposibilidad de Satisfacerlas (por ir contra los intereses de la Francia colaboracionista) y la creencia de que la ayuda española conllevaría más problemas que beneficios, aconsejaron la renuncia de Hitler a la participación española. Aunque el ofrecimiento franquista fue reiterado con posterioridad y se hizo una serie de gestos evidenciando esta disposición (ayuda a los submarinos alemanes, envío de la División Azul al frente ruso…), la beligerancia española nunca llegó a decretarse. A partir del desembarco norteamericano en Italia y tras la caída de Mussolini (1943), la política germanófila perdió empuje: Serrano Súñer fue sustituido en Asuntos Exteriores aprovechando un incidente (atentado de un falangista contra el ministro de Guerra, el general Varela) y el gobierno franquista comenzó a entablar relaciones con las potencias aliadas.

Además de llevar a cabo los primeros pasos de institucionalización del régimen y afrontar el complicado panorama internacional que deparaba la II Guerra Mundial, los primeros gobiernos franquistas debieron hacer frente a la extremadamente grave economía española. Las consecuencias de la Guerra Civil fueron catastróficas: unas pérdidas humanas globales de unas 600.000 personas, reducción de la reserva de oro prácticamente a cero, caída de la producción industrial a un tercio del total anterior a la guerra y destrucción de, al menos, la mitad de las infraestructuras y material de transporte. En términos globales, la economía española retrocedió a los niveles anteriores a la I Guerra Mundial y no alcanzó los niveles anteriores a la Guerra Civil hasta bien entrados los años cincuenta.

Las causas de la lenta recuperación económica fueron, por una parte, la situación bélica internacional, lo que impedía la concesión de ayuda exterior para la reconstrucción; además, la posición española de no neutralidad real impidió que pudiera aprovecharse la coyuntura como se hiciera en la I Guerra Mundial. En cuanto a las causas interiores, el principal factor que perjudicó la recuperación fue la puesta en práctica por los primeros gobiernos franquistas de una política económica autárquica e intervencionista. La pretensión de crear una industria autosuficiente se trató de abordar mediante el Instituto Nacional de Industria (1941), mientras la ausencia de los productos básicos de consumo se atajó con las cartillas de racionamiento, una institución con doce años de vida que condenó a las familias españolas a participar en el mercado negro, verdadero mercado paralelo aprovisionador de productos de mayor calidad y diversidad, donde se amasaron fortunas precisamente por su carácter clandestino.

El aislamiento del régimen franquista (1945-1958)

El final de la II Guerra Mundial con la derrota del Eje abrió un nuevo período en la evolución del franquismo, caracterizado por el aislamiento internacional al que fue sometido, la moderación (en especial de su apariencia y parafernalia) de su talante fascista, la presión de la oposición política a Franco y, una vez superados el aislamiento y la presión, el inicio de una tibia recuperación económica.

El no reconocimiento internacional del régimen franquista no derivó tanto de la ayuda que había prestado a Alemania e Italia durante la guerra como por la persistencia en su interior de una identidad con las potencias fascistas derrotadas. En 1945 le fue negada a la España de Franco su entrada en la nueva Organización de Naciones Unidas; por si ello fuese poco, un año después la situación empeoró drásticamente: Francia cerró su frontera a la vez que las potencias aliadas vencedoras exigieron la retirada de Franco, la desaparición del partido único de Falange y la apertura de una transición hacia la democracia. Al no cumplirse estas exigencias, la ONU aconsejó la retirada de los embajadores en Madrid y la expulsión de España de todos los organismos internacionales. Los años 1946-48 fueron los más críticos del régimen franquista: al aislamiento internacional se sumó el aumento de la presión de la oposición en el exilio e, incluso, de los monárquicos del interior. En 1946 pareció inminente que el mismo Franco decidiera poner fin a su “régimen provisional y unipersonal” (como lo definiera el príncipe Juan de Borbón en carta a Franco) y diera paso a una monarquía que su ausencia convertiría en liberal. En 1948 se alcanzó un amplio acuerdo de los partidos de la oposición (desde la derecha representada por Gil Robles a la izquierda por Indalecio Prieto) en favor de del retorno de la monarquía.

Lejos de considerar cualquiera de las alternativas que aconsejaban su retirada, Franco se negó utilizando todos los medios que estaban a su alcance. Por una parte, instrumentalizó la condena internacional de su régimen y el aislamiento exterior como un ataque a España, lo que, en manos de la propaganda del franquismo, sirvió para crear un chauvinismo patriotero que acabó reforzando al propio régimen. Los directores de la política exterior española sabían que, de hecho, las potencias aliadas habían parado los proyectos de los países comunistas de elevar la presión sobre el régimen con medidas más enérgicas y, al mismo tiempo, conocían las diferencias entre los distintos paridos de la oposición incluso en el interior de los mismos, lo que podría llevar su presión a la esterilidad. Para superar el aislamiento, Franco puso en marcha dos actuaciones de gran calado: la primera trató de contrarrestar la identificación de su régimen con el fascismo internacional derrotado en la guerra. La apariencia externa del régimen sufrió una considerable remodelación. Debido a ello, Falange perdió su privilegiada posición política y la parafernalia que le era propia dejó de ser oficial, el régimen dejó de definirse como totalitario y pasó a verse como una “democracia orgánica”, en la que la representación de los ciudadanos se llevaba a cabo no mediante los denostados partidos políticos sino a través de los “organismos naturales” (familia, municipio, rama sindical, etc.). Este cambio de la apariencia exterior trató de institucionalizarse con la declaración de una suerte de pseudoconstitución, denominada el Fuero de los Españoles, que en realidad era una declaración de derechos a los que, paradojicamente, no se garantizaba su práctica. Ya en 1945 se había aprobado una Ley de Referéndum que sirvió para aprobar la Ley de Sucesión (1947) en la que se definía a España como reino; el contrasentido alcanzó cotas desconcertantes cuando Franco se aseguró, en esta instauración monárquica que no tenía rey, el título de regente sin limitación temporal alguna. La segunda gran actuación fue la instrumentalización del estallido de la Guerra Fría: las potencias occidentales, en especial Estados Unidos, decidieron tolerar el régimen de Franco, quien a su vez se presentaba como un adelantado de la causa occidental de la lucha contra el comunismo internacional.

El resultado de todas estas maniobras fue la supervivencia del régimen franquista, hecho que alcanzó su definitiva seguridad en 1953 con la firma del Tratado de Amistad y Colaboración con Estados Unidos y la suscripción del Concordato con la Santa Sede. En realidad, éste fue una manifestación más del apoyo vaticano al régimen de Franco, pues no variaba nada respecto a la práctica iniciada desde 1940 que identificaba totalmente la política oficial y el catolicismo. Los pactos con Estados Unidos hicieron que España, que no se había beneficiado del Plan Marshall y no pertenecía la OTAN, se integrara de modo tangencial en el sistema militar occidental mediante la cesión de cuatro bases militares.

La contrapartida económica norteamericana, aunque modesta, y la paulatina evolución de la política económica con el lento abandono de las aspiraciones autárquicas, permitieron el despegue de la economía y el crecimiento efectivo de la renta nacional. Aunque el desarrollo industrial fue desequilibrado e inflaccionista y la introducción de programas liberalizadores fue tímida y dubitativa, el crecimiento que se estaba produciendo en los países europeos empujó definitivamente a la recuperación efectiva de la economía española. Sin embargo, la expansión monetaria que produjo esta recuperación, así como las periódicas y bruscas alzas salariales, hicieron evidente los desequilibrios del sistema económico.

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