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Expulsión de los moriscos 1609-1614


Fue a raíz de la conquista de Granada por los Reyes Católicos en enero de 1492 cuando se inició la verdadera cuenta atrás sobre la presencia islámica en la Península Ibérica. Los algo más de cien años transcurridos desde el fin de la Reconquista hasta la decisión de Felipe III de expulsar a los moriscos -esto es, a los antiguos moros convertidos al cristianismo-, comprende una sucesión de etapas que, en el contexto político y mental de la época, difícilmente podría haber conocido un desenlace diferente.

La orden de destierro lanzada contra los moriscos afectaba a varios miles de descendientes de los musulmanes que habían poblado la Península desde su irrupción en el año 711. Una vez desaparecido el reino nazarí en 1492 y expulsados los judíos en aquel mismo año, los seguidores del Islam se convirtieron en la única minoría no cristiana oficialmente reconocida por la corona. El porqué no corrieron entonces la misma suerte que los hebreos resulta fácil de entender.

Mapa de los Moriscos en Levante en 1609, según T. Malperín

Mapa de los Moriscos en Levante en 1609, según T. Malperín

Para empezar, los moros no levantaban la animadversión popular que ocasionaban los judíos. La práctica inexistencia de conversos procedentes del islamismo (sobre todo, de bautizados a la fuerza a causa de persecuciones) no sólo reducía el problema, sino que también evitaba la intervención del Santo Oficio, capacitado para actuar en casos de herejía, pero no con respecto a los cultos ajenos al cristianismo. Además, la presencia de numerosas comunidades islámicas en tierras de Aragón y Valencia implicaba que cualquier medida encaminada a modificar su situación debería contar con la aquiescencia de sus protectores, la nobleza señorial. Para ésta, cualquier perjuicio originado a la servicial y prolífica mano de obra islámica suponía un ataque a sus más que considerables fuentes de ingresos. La corona nunca dejó de tener presente este hecho, aunque no siempre para respetarlo.

No obstante, una conjunción de factores tanto internos como externos, de orden estructural algunos y otros coyunturales, contribuyeron a determinar la evolución de un problema que, sin llegar a manifestarse abiertamente en 1492, ya anunciaba por entonces su conflictividad potencial.

Ante todo, el signo político de la Edad Moderna se definía por el interés de los príncipes en la configuración de reinos más centralizados. En éstos, a diferencia de lo ocurrido en el medievo, interesaba fomentar la unidad religiosa. Ante la diversidad institucional y jurídica heredada del pasado, los monarcas de los siglos XVI y siguientes hallaron en la uniformidad del credo un medio perfectamente adaptado a los fines que perseguían. La sanción de la iglesia y la corona a las conversiones forzosas de los judíos en Castilla y Aragón desde 1391, así como la expulsión de los hebreos un siglo después, se inscribieron en esta tendencia. Si los musulmanes se vieron a salvo de esta política en el siglo XV fue sólo por una cuestión de prioridades, no de intenciones. El trato concedido a los moros granadinos por los Reyes Católicos y la política que luego se siguió con ellos, tan contraria a lo convenido inicialmente, así lo demostraron.

Violando lo pactado en 1492 -el respeto a la individualidad religiosa y cultural de los musulmanes-, Isabel y Fernando se ocuparon de desmentir la tolerancia hacia los vencidos: se les prohibió llevar armas y la compra de tierras con vistas a promover el asentamiento de cristianos. Sobre todo, se crearon nuevos impuestos exclusivamente para ellos, como evidente signo de discriminación. En otras palabras, se hizo evidente que a partir de aquel momento los moros habían pasado a ser considerados mudéjares, una minoría islámica rodeada por una mayoría cristiana dominante y dispuesta a no hacer concesiones. Una primera rebelión en el Albaicín de Granada, el barrio musulmán de la ciudad, fue ahogada en sangre en 1499. Se concedió una amnistía a quienes aceptaran bautizarse: el moro converso, denominado morisco, acababa de aparecer. Otra diferencia esencial que salió a la luz fue el distinto carácter que presentaban los mudéjares de Castilla, Aragón y Valencia en comparación con los de Andalucía, pues mientras aquéllos se limitaron a vivir en sus barrios y a portar un distintivo sin mayores consecuencias, éstos manifestaron una beligerancia que iría creciendo en grado proporcional a la presión ejercida por las autoridades cristianas.

En 1521 las tensiones entre las dos comunidades estallaron en las tierras de Levante. Pese a la protección que les brindaba la nobleza, el pueblo llano se lanzó contra los musulmanes por motivos raciales como, sobre todo, económicos. Los ataques dieron como resultado la conversión forzosa de 15.000 moros, ahora moriscos. En 1525, Carlos V ordenó que todos los musulmanes del reino de Aragón aceptaran el bautismo, bajo pena de abandonar España si se negaban a ello. La rebelión no estalló aquí, sino en tierras valencianas, donde en 1528 quedaron extinguidos los focos de resistencia. De este modo, el primer tercio del siglo XVI se saldó con el fin oficial del islamismo en la Península. La realidad, sin embargo, era muy otra. La clandestinidad del culto musulmán resultaba un desafío para las autoridades implicadas en su extinción, la iglesia y el Santo Oficio. La primera debía ocuparse de organizar las campañas misioneras entre los recién convertidos. El segundo, de extirpar la herejía o simplemente las pequeñas desviaciones que, en ocasiones por ignorancia, los procesos incoados por la Inquisición sacaban a la luz.

Al hablar de la Iglesia se hace preciso exponer el papel que mantuvo a lo largo de todo el conflicto. De entrada, las actitudes de los prelados rara vez fueron uniformes. Las posturas oscilaron siempre entre la tolerancia y la confianza en una evangelización progresiva, y la convicción de que sólo una política de firmeza daría los frutos deseados -aunque ésta, naturalmente, tuviera que incluir medidas tan drásticas como la separación de padres e hijos, la deportación a alguna isla (se habló de Terranova) o la castración de los varones para provocar la extinción biológica. En general, puede afirmarse que de las primeras posiciones, ampliamente defendidas a comienzos del siglo XVI, se fue pasando a las segundas a medida que se constató la imposibilidad de que la asimilación fuese producto del tiempo.

Este fracaso en la asimilación del cristianismo por parte de los moriscos fue debido principalmente a la escasa preparación del clero misional, pero también a la resistencia que opusieron los conversos, y más los hombres que las mujeres. El morisco, a diferencia del judeo-converso, rara vez aspiró a integrarse ni social ni culturalmente en el mundo de los cristianos viejos. Hubo, con todo, un factor externo al problema que, a partir de 1550, contribuyó a aumentar la tensión ya existente: el empuje de los otomanos y el recrudecimiento de los ataques berberiscos en el Mediterráneo central y occidental. La psicosis contra el moro se convirtió en habitual en toda la costa levantina y andaluza, donde la imagen del morisco como quinta columna de los turcos -aunque exagerada, no por completo inexacta- abrió una distancia irreductible entre ambas comunidades. Progresivamente, la mal llevada tolerancia frente a la heterodoxia morisca comenzó a derivar hacia medidas de mayor dureza en todos los órdenes: religioso, político y fiscal. El resultado de este intento de aculturización acelerada fue el estallido, en la Navidad de 1568, de la rebelión de los moriscos de Granada, la más significativa de todas y el hecho más decisivo de cuantos tuvieron que ver con el problema.

El fracaso del levantamiento en la ciudad (las diferencias entre las economías moriscas, entre el valle y la montaña, quedaron patentes), obligó a sus protagonistas a refugiarse en las abruptas Alpujarras, donde la resistencia se prolongó hasta 1570. Las divisiones entre los cabecillas moriscos, la falta de asistencias desde el exterior -hubo contactos con Francia y los turcos-, y, sobre todo, la contundente ofensiva de don Juan de Austria, dieron al traste con el movimiento, que selló el camino a cualquier transacción. Aunque los moriscos de Aragón y Valencia no mostraron inquietud alguna, la gravedad de los acontecimientos vividos y el peligro experimentado por Felipe II al coincidir la guerra granadina con la rebelión de Flandes, hicieron ver a todos que ya no existirían diferencias de trato a la hora de adoptar nuevas medidas.

Las órdenes de Madrid resultaron terminantes. Entre 1570 y 1571 se procedió a la deportación de 80.000 moriscos hacia el resto de Andalucía y sobre todo a Castilla, en condiciones penosas. En las áreas receptoras la consecuencia más inmediata se materializó en el resurgimiento de la ancestral marginación hacia los conversos de origen musulmán. La iglesia, ya claramente decantada por una política de represión, ayudó en esta fase a cerrar cualquier posible vía que no fuese o la asimilación por la fuerza, o la expulsión. Era evidente que el espíritu de la Contrarreforma pasaba factura. Dado que la cristianización no acababa de producirse ni en la cantidad ni con la calidad deseadas, fue el destierro la solución que más adeptos logró reunir. En 1582, el gobierno de Felipe II propuso al monarca decretar la deportación forzosa de todos los moriscos fuera de España. Aunque se reconocían los efectos negativos que ello traería consigo -caída demográfica, de las rentas, protestas de los señores aragoneses y valencianos, etc-, también se mencionaron las ventajas que reportaría: ante todo, la unidad de la fe y la garantía de la paz interior. Una vez más, la religión y la política vencían, de la mano, los argumentos económicos. Pese a que el rey aprobó la medida, ésta no se aplicó a causa del temor al malestar de la nobleza afectada y de la situación internacional que absorbía todos los recursos. Haría falta un contexto de ausencia de guerras como el vivido bajo Felipe III para que la expulsión tuviera lugar.

Cabe señalar que, en contraste con el extrañamiento de los judíos, no se detectó en vísperas del edicto de 1609 una presión social semejante a la que existió un siglo atrás con respecto a los hebreos. Ciertamente, el morisco recibía un maltrato generalizado por parte de los cristianos viejos, que detestaban el carácter supuestamente falso atribuido a aquél, su laboriosidad, avaricia e inferioridad cultural, rasgos que tópicamente definían al morisco. Pero esto no parece que fuera determinante para desear la eliminación radical del grupo -salvo, tal vez, en Valencia. Entre algunos escritores, incluso, la simpatía hacia los moriscos fue habitual. Fue, por tanto, en las instancias gubernativas donde cuajó la orden del destierro, por lo que debe pensarse que fueron motivos de alta política los que más pesaron a la hora de ejecutar la decisión tomada por Felipe II treinta años antes.

Según los documentos, los motivos que causaron la expulsión fueron de orden político -evitar nuevas revueltas internas-, pero no sociales -desactivar la tensión cristianos viejos/moriscos- ni religiosos -imposición del catolicismo. También parece claro que fue el duque de Lerma, valido del rey, quien más luchó por convencer a Felipe III de la conveniencia de la medida. Lerma, valenciano y, por tanto, conocedor de la protesta que la expulsión ocasionaría entre la nobleza de aquel reino, debió aprovechar precisamente este hecho para neutralizar aquel malestar mediante la concesión de compensaciones a los señores afectados. La posibilidad de apropiarse de las tierras de los moriscos y de arrendar sus fincas a los nuevos pobladores a un precio mayor que el que satisfacían los moriscos fueron algunas. Sólo el tiempo demostró el fracaso de tantas expectativas. Pero lo que esto sugiere es, simplemente, que Lerma estaba decidido a lograr la aceptación del destierro a cualquier precio. Todo indica que lo que el gobierno de Felipe III buscó fue realizar un acto de gobierno de fuerte impacto político y emocional dentro y fuera de la Monarquía Hispánica, con vistas a restablecer una reputación que entonces se hallaba seriamente comprometida a causa de las derrotas en Flandes ante los holandeses. Si se tiene en cuenta que en abril de 1609, cuando se hizo público el edicto de expulsión, fue también el mismo mes y año en que Madrid firmó su primera tregua con las Provincias Unidas, la medida cobra un sentido pleno dentro de las coordenadas reputacionistas de los Austrias españoles.

En agosto de 1609 las galeras concentradas en Levante comenzaron a transportar a los moriscos hacia el norte de Africa. A los cristianos viejos se les prohibió esconderles o ayudarles a huir. En general no fue necesario: muchos moriscos partieron de buena gana hastiados de intolerancia. Un grupo de insurgentes, en el interior valenciano, pronto se rindió. Pero los más, apenados, se resignaron ante la imposibilidad de rebelarse: desarmados desde hacía décadas y desengañados de recibir ayuda exterior, no tenía sentido oponerse. Sólo se permitió quedarse a quienes, bajo certificado de su párroco, demostrase ser un auténtico cristiano desde al menos dos años. Para los matrimonios mixtos con hijos la solución adoptada fue brutal: la madre morisca podría quedarse, el padre nunca. En cuanto a las reacciones de los cristianos viejos, éstas fueron de una piedad relativa en Castilla, Extremadura y Andalucía a una alegría indisimulada en Aragón y Valencia. Aunque en 1610 se procedió al grueso de la deportación, ésta se prolongó hasta 1614. En este tiempo, la progresiva aplicación de la medida en las demás regiones permitió negociar excepciones para librar del exilio a algunos moriscos. El total de expelidos se ha evaluado entre 270.000 y 300.000.

Obviamente, las consecuencias demográficas y económicas del edicto de 1609 fueron considerables, máxime cuando desde 1580 los reinos hispánicos venían mostrando signos de declive. Con todo, la situación varió mucho según las regiones. El reino de Valencia, donde los moriscos sumaban un tercio de la población, fue la zona más castigada, seguida de Murcia, Andalucía Oriental y Aragón. En el resto -Castilla, Extremadura y Cataluña- la intensidad se redujo mucho, por no citar el norte peninsular, donde no tuvo efecto alguno. Por estamentos, nobles y eclesiásticos ocuparon, por este orden, la lista de quienes sufrieron la mayor caída de rentas, a diferencia de algunos agricultores cristianos viejos que aprovecharon el vacío morisco para emprender una nueva vida como repobladores de tierras fértiles. En Valencia, sin embargo, la dureza del régimen señorial imperante resultó a la larga peor de lo que habían imaginado.

El coste de la operación -flete de barcos incluido- corrió a cargo de los expulsos. Tampoco el destino en otras tierras les sonrió a todos. En Francia las puertas se cerraron muy pronto, a pesar (o a causa) de que algunos abrazaron el calvinismo para permanecer allí. Tal y como dispuso Madrid, la gran mayoría acabó en Marruecos -donde algunos formaron la república de Salé, famosa por sus corsarios-, Argel -lugar de desgracias-, Túnez -el mejor destino- y Constantinopla. La conciencia de ser diferentes ayudó a mantener durante mucho tiempo una cultura propia que se debatió entre dos mundos sin pertenecer a ninguno. Aunque la España de Felipe IV comenzó a lamentar en voz alta la injusticia cometida en tiempos de su padre, el fenómeno morisco se apagó tres siglos después entre la indiferencia de sus protagonistas y la nostálgica curiosidad de los historiadores y antropólogos por una civilización que hoy sabemos perdida.

Fuente: Clio, Enciclopedia Británica

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